Desde la aprobación a principios de año de un nuevo valor de referencia para el cálculo de impuestos, se ha discutido acerca de sus lagunas técnicas y jurídicas. Los nuevos valores pretenden simplificar el cálculo de impuestos. Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales o el de Patrimonio en las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, las lagunas que presentan pueden perjudicar a las liquidaciones que se van a realizar según este nuevo sistema.

Respecto a este nuevo valor de referencia catastral, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha advertido de que el nuevo cálculo posee numerosos puntos débiles. Unas debilidades que permitirán avalar un procedimiento general en contra de las liquidaciones a contribuyentes tomando como referencia el valor catastral según se establece.

Tras su aprobación, el sector de asesores fiscales avisó que el nuevo valor de Catastro, que funcionará como base para el cálculo de los impuestos comentados, estaba causando un aumento de los ingresos tributarios de las autonomías.

Aumento del 24% de los ingresos por impuestos inmobiliarios

Los últimos datos aportados a final de junio por el Ministerio de Hacienda apuntan que los ingresos obtenidos por los gobiernos autonómicos por medio de los tributos vinculados al sector inmobiliario incrementaron un 24% respecto a 2021. Una subida en los primeros seis meses del año que se traduce en un aumento de los beneficios en 1.200 millones de euros. Esto gracias a la recaudación por impuestos como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Si continúa este nivel de ingresos, el beneficio económico podría alcanzar los 2.500 millones de euros. Una cifra que no tiene en cuenta los beneficios extra que pueden obtenerse con el aumento de las bases imponibles de los impuestos. Impuestos como el de Patrimonio o de Sucesiones y Donaciones. Al principio de 2022, las autonomías ya predijeron unos ingresos de 3.000 millones de euros a través de los impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria.

Desde la asociación Aedaf apuntan que la nueva normativa no cumple con los requisitos suficientes para ser aplicada. Esto debido a su inexactitud acerca del cálculo del nuevo valor de referencia. “La ley no dice nada de cómo debe aplicarse, no tenemos el preceptivo reglamento de desarrollo de ese valor de referencia, y al final es una resolución del Catastro, que es un acto administrativo, no una norma, el que está regulando sin tener capacidad normativa para ello. No es un valor fiable y la base imponible de los impuestos no está regulada con arreglo a la ley”.

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